Sesgos en contratación laboral

Pie de foto: Sesgos en contratación laboral

El documento, escrito por los doctores en economía Jaime Tenjo Galarza y Paula Herrera Idárraga, con el apoyo del Grupo de Estudio del Mercado Laboral del SPE, utilizó métodos estadísticos rigurosos para evaluar la relación entre postulaciones y contrataciones en diferentes sectores, ocupaciones y regiones del país. Se encontraron brechas significativas en sectores tradicionalmente masculinizados como la construcción, donde en el 57,5% de las ofertas de empleo se contrató una proporción de mujeres menor a la proporción de mujeres postuladas. Además, los sectores de la agricultura, la industria manufacturera y los servicios administrativos también reflejan esta tendencia, lo que sugiere que en estos ámbitos las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

A nivel territorial, departamentos como Cundinamarca, Bogotá, Meta y Atlántico presentan diferencias en la contratación de mujeres por encima de los límites de confianza esperados, indicando un trato desigual en el acceso al empleo. En algunos casos, el análisis identificó ofertas en las que no se contrató ninguna mujer, a pesar de que el 16% del total de postulantes eran mujeres y que existían 10 o más vacantes. Además, en más del 50% de las ofertas revisadas, la diferencia entre la proporción de mujeres postuladas y las contratadas estuvo por encima del límite superior de los intervalos de confianza, lo que confirma la existencia de sesgos estructurales en los procesos de selección.

Estos datos sugieren que los procesos de contratación no siempre se basan exclusivamente en criterios de productividad y habilidades, sino que pueden estar influenciados por prejuicios y barreras estructurales. El SPE reafirma su compromiso con la equidad en el mercado laboral y la eliminación de prácticas discriminatorias que limitan el acceso de las mujeres al empleo formal, este documento es una herramienta clave para que empleadores, Prestadores del Servicio Público de Empleo y entidades gubernamentales adopten medidas concretas que promuevan la igualdad de oportunidades.