La Ley 1448 de 2011 en Colombia estableció un sistema integral para la reparación de las víctimas del conflicto armado, abordando aspectos clave como salud, educación, vivienda y generación de ingresos, además de la restitución de tierras y bienes. Esta ley abarca a víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, secuestro, tortura, reclutamiento forzado, entre otros. A pesar de que las cifras de víctimas han disminuido, persisten desafíos en la integración laboral de estas personas.

El Servicio Público de Empleo (SPE) desempeña un papel fundamental en la atención a víctimas del conflicto armado, ofreciendo programas de colocación laboral a través de modalidades básicas y especializadas. Estas modalidades buscan superar barreras individuales, organizacionales y del entorno, promoviendo el acceso a oportunidades de empleo mediante el Fondo de Oportunidades para el Empleo.

En 2017, se registraron 22.895 colocaciones de víctimas del conflicto, con un notable aumento respecto al año anterior. De estas colocaciones, más de un 39% correspondieron a mujeres. Además, el SPE ha ampliado su impacto en la inclusión laboral de personas con discapacidad y en zonas rurales, con el objetivo de continuar superando las barreras laborales para las víctimas del conflicto.