El conflicto armado en Colombia ha sido una constante en la historia reciente del país, afectando principalmente a la población civil, incluyendo jornaleros, obreros, campesinos y comunidades étnicas. Aunque los actores del conflicto han cambiado a lo largo de las décadas, el deseo de poder y control sobre el territorio ha sido la raíz de las disputas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, estableciendo medidas de atención y reparación integral. En este contexto, el Servicio Público de Empleo ha implementado el Programa de Atención Diferencial, buscando mejorar la empleabilidad y apoyar la inclusión laboral de la población víctima del conflicto armado.