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Dos ciudadanos recibiendo atención en la Unidad del SPE. Imagen de referencia

Pie de foto: Dos ciudadanos recibiendo atención en la Unidad del SPE. Imagen de referencia

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad del Servicio Público de Empleo y su red de agencias y bolsas autorizadas, ubicó laboralmente a 81.468 víctimas del conflicto armado entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2021, a pesar de las circunstancias generadas en el país por la pandemia.  El 61,6 % de los empleos formales obtenidos por esta población correspondió a hombres y el 38,4 % fue para las mujeres.
 
La ocupación que más empleos generó para esta población fue la relacionada con obreros de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte, con un 13,5 %. Le siguió la de agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado, con un 11,5 %. Posteriormente, la de auxiliares contables y encargados del registro de materiales, con un 8 %.
 
“Diseñamos e implementamos dos tipos de intervención, la de Atención Básica y la de Atención Especializada, con el fin de promover la empleabilidad de las víctimas del conflicto armado. Pusimos en marcha la estrategia de Atención Diferencial a Víctimas del Conflicto Armado en la Ruta de Empleabilidad, con la que se fortalecieron las capacidades de los centros de empleo para que presten una adecuada atención a la población víctima. Además, diseñamos la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado, cuyo objetivo es promocionar el Servicio Público de Empleo como el canal formal para que sean publicadas las vacantes del sector empresarial”, aseguró la directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, Angi Viviana Velásquez.
 
El sector en el que más se ocupó la población víctima fue en el de actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras (9,1 %); luego estuvo el de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (7,3 %); después, el sector de obras de ingeniería civil (6,4 %).
 
Los departamentos donde más víctimas del conflicto consiguieron trabajo formal fueron Antioquia, con 24,6 %; Bogotá, con el 14,7 % (recibe el trato de departamento por sus características de Distrito Capital); Santander, con el 9,1 %; Meta, con el 8,1 %, y Casanare, 7,2 %.
 
Entre tanto, las ciudades donde más se ocuparon laboralmente las victimas fueron Bogotá (14,7 %), Medellín (5 %), Puerto Gaitán (3,8 %), Barrancabermeja (3,7 %) y Rionegro (3,1 %).
 
Los grupos de edad que predominaron en las ocupaciones laborales para las mujeres fueron los de 25 a 29 años, con el 9,5 %; 30 a 34 años, con el 8 %; 20 a 24 años, con el 6,8 %, y 35 a 39 años, con el 5,8 %. En el caso de los hombres: los de 25 a 29 años (14,8 %), 30 a 34 años (11,6 %); 20 a 24 años (11 %), y 35 a 39 años (8,8 %).
 
Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado
 
Además del trabajo diario que la red de agencias y bolsas de empleo autorizadas hace para promover la empleabilidad de las personas y de poblaciones vulnerables, como las víctimas, la Unidad del SPE, en trabajo conjunto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), viene implementando la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado desde el 12 de octubre del 2020. Desde entonces se adelantó la convocatoria a empresas para la identificación de 1.300 puestos de trabajo.
 
A la fecha, 62 pequeñas y medianas empresas, relacionadas con trabajos de obras en ingeniería, comercio al por menor, alimentos y vigilancia, entre otros, se han vinculado a la Estrategia. Al respecto, han iniciado el proceso de contratación de 1.300 víctimas y están en trámites de asignación de recursos de apalancamiento de costos laborales. Igualmente, 16 grandes empresas también se han vinculado a la Estrategia. A la fecha, ya han sido contratadas 1.176 víctimas del conflicto armado gracias a esta estrategia.
 
La Unidad del SPE viene trabajando en programas y estrategias dirigidos a víctimas en las distintas regiones de Colombia. Resultado de ello, han sido capacitadas de acuerdo con las ocupaciones requeridas por el empresariado, al tiempo que los empresarios han sido sensibilizados sobre la importancia de la inclusión laboral para víctimas.
 
“La Estrategia de Inclusión Laboral para Víctimas promueve acciones desde el nivel territorial para que tengan acceso al mercado laboral, porque lo que buscamos es mejorar sus condiciones de acceso en igualdad de oportunidades. Lo que hacemos es brindar servicios de gestión y colocación desde la perspectiva de las víctimas”, resaltó la directora Velásquez.

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